Blas Jesús Imbroda, firmante de la querella contra el letrado mayor de las Cortes

El decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, figura entre los cuatro profesionales que han interpuesto una querella a través del Movimiento 24.2 contra Fernando Galindo, letrado mayor de las Cortes y secretario general del Congreso. En el documento presentado, se acusa a Galindo de presuntos delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación, vinculados al informe que permitió la tramitación de la ley de amnistía, considerada por los querellantes como una actuación «arbitraria».

La querella, actualmente en los juzgados de Madrid, señala que el pasado 20 de noviembre Galindo emitió una «nota de la Secretaría General» sobre la amnistía. Según los firmantes, esta nota, tras una compleja argumentación, concluye que el articulado de la proposición de ley «no es palmaria y evidentemente inconstitucional», lo que permitió que la Mesa del Congreso admitiera el texto a trámite para su debate.

Los abogados consideran que Galindo actuó de manera «groseramente antijurídica» al utilizar la Secretaría General del Congreso para facilitar, según ellos, un «engranaje de corrupción política». Este engranaje, afirman, socava los principios del Estado de Derecho al no señalar reparos de inconstitucionalidad en una ley orientada a conceder amnistías como moneda de cambio en un contexto político, algo que califican como inadmisible en un sistema democrático.

La querella también argumenta que Galindo debió haberse abstenido de emitir un informe sobre la admisión de la ley, debido a su historial de cargos políticos en instituciones lideradas por el PSOE. Se recuerda, por ejemplo, que en 2008 formó parte del grupo socialista en la Junta Municipal de Chamartín y, años después, desempeñó funciones como director general de Cooperación Autonómica y Local, y subsecretario en el Ministerio de Política Territorial bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según los denunciantes, lejos de abstenerse para garantizar la neutralidad, Galindo elaboró y aprobó una nota que, bajo el pretexto de un análisis jurídico, omite deliberadamente el contexto político que rodea la proposición de ley. Este contexto incluiría, según ellos, pactos entre partidos para extender la amnistía a casos de «lawfare», lo que consideran una ruptura del principio de separación de poderes y, por ende, del Estado de Derecho.

Además, se subraya que la proposición de ley es percibida por los querellantes como un instrumento normativo arbitrario, diseñado para responder a intereses políticos específicos. También recuerdan que, en la legislatura anterior, un intento similar de amnistía relacionado con el 1-O fue rechazado.

Los firmantes de la querella son, además de Blas Jesús Imbroda, el magistrado en excedencia del Tribunal Supremo Adolfo Prego, el catedrático Nicolás González-Cuellar y el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo.