La oposición venezolana en el exilio exige en Bruselas acciones inmediatas contra el régimen de Maduro.

La oposición venezolana en el exilio continúa su lucha. Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, encabezó una misión ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para impulsar la implementación de los acuerdos respaldados por la Eurocámara, basados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Estatuto de Roma.

En la manifestación, los participantes exigieron la liberación de los presos políticos en Venezuela.
«Patea esa basura», es el lenguaje empleado por la dictadura de Maduro hacia los casi 2.000 presos políticos, según relató Miguel Henrique Otero.

La comitiva, que incluía a Soranib Defendini, Tamara Suju, Blas Jesús Imbroda, Pedro Defendini y Víctor Cedeño, pidió que se activen las cláusulas vinculantes acordadas entre la Corte Penal Internacional (CPI) y la Unión Europea en 2006, acuerdos que hasta ahora permanecen inactivos.

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Estos acuerdos están orientados a combatir violaciones graves a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos inhumanos, todos ellos vinculados al régimen de Maduro y sus principales figuras.

Además, los delegados solicitaron que los nueve Estados europeos fiduciarios de la CPI, junto con Francia, Italia, Lituania, Alemania y Polonia, presionen para acelerar la investigación conocida como Venezuela 1, iniciada hace años y aún sin resultados concretos.

El propósito final de esta solicitud es lograr que se emitan órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad.

Antonio Ledezma denunció que, entre 2014 y la actualidad, el régimen ha practicado 17.940 detenciones arbitrarias. Señaló también el uso de la llamada «puerta giratoria», una estrategia donde el gobierno simula liberar a presos políticos mientras mantiene las detenciones y los abusos como herramientas de control social.

Uno de los aspectos más preocupantes expuestos fue la práctica de mantener incomunicados a los detenidos, negándoles el derecho a audiencias de presentación inmediatas y restringiendo el acceso a abogados privados. Esto viola el principio de inmediación establecido en el artículo 332 del Código Procesal Penal.

Entre los años 2014 y 2024, se registraron 931 adolescentes detenidos, 162 de ellos capturados tras el 28 de julio, en un contexto de represión postelectoral, evidenciando la continuidad de patrones represivos.

Durante su intervención ante el Parlamento Europeo, Víctor Cedeño advirtió que, debido a la falta de voluntad del Estado venezolano para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, no se puede esperar un proceso de justicia genuino. Por ello, instaron a la Fiscalía de la CPI a acelerar sus acciones para evitar que reine la impunidad.

Urgencia ante la CPI

La delegación solicitó también a la Eurocámara que inste a la Corte Penal Internacional a acelerar los procedimientos.

Recordaron que el 30 de julio Nicolás Maduro anunció un «plan especial» para reprimir a quienes protestaron tras las denuncias de fraude electoral. En este plan, el régimen utilizó la plataforma VenApp y activó la llamada «Operación Tuntún», que consistía en visitar las casas de presuntos «terroristas» para detenerlos arbitrariamente.

Ese mismo día, el fiscal Tarek William Saab, afín al régimen, reportó 749 arrestos bajo cargos de instigación, obstrucción de vías públicas, resistencia a la autoridad y terrorismo.

Antes de las elecciones, entre el 1 y el 27 de julio, ya se habían producido 142 detenciones, de las cuales 19 correspondían a mujeres y 123 a hombres. Después del 28 de julio, se contabilizaron más de 1.848 detenciones adicionales, incluyendo 252 mujeres y 162 adolescentes. Entre los afectados había 18 personas con discapacidad y 18 indígenas. Asimismo, se documentaron 26 asesinatos recientes, como los de Edwin Santos en Apure y Jesús Martínez en Anzoátegui.

Durante la sesión, se subrayó la importancia de los informes publicados el 17 de septiembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Determinación de los Hechos, los cuales corroboran de forma detallada las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.