Las XXXII Jornadas de Extranjería analizarán en Cartagena cómo mejorar la protección de los migrantes

Las Jornadas de Extranjería y Protección Internacional, organizadas por la Abogacía, celebrarán su trigésima segunda edición los días 28 y 29 de noviembre en Cartagena, con el objetivo de mejorar la defensa y protección de los migrantes.

Durante estos dos días, abogados especializados en extranjería y protección internacional debatirán sobre temas clave como la reforma del reglamento de extranjería, con especial enfoque en el arraigo laboral y el nuevo estatuto de los familiares de españoles. Según Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía, el objetivo de estas jornadas es que los profesionales del sector puedan compartir experiencias y discutir cuestiones de interés que contribuyan a mejorar tanto su labor como la de las instituciones en el ejercicio del derecho de defensa.

Imbroda destacó la creciente importancia de esta labor en tiempos difíciles, marcados por constantes conflictos bélicos y violaciones de derechos humanos en diferentes partes del mundo. En este contexto, los grandes movimientos migratorios hacia España y Europa hacen más necesario que nunca el trabajo de los profesionales dedicados a la extranjería y protección internacional.

Uno de los temas a tratar será la situación jurídica de los menores que están llegando a Canarias, así como la incorporación a la normativa española del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Además, se abordarán cuestiones como los nómadas digitales, la sustracción internacional de menores y el reconocimiento de documentos de sentencias extranjeras ante notario español.

Entre los ponentes destacados se encuentran María Elósegui, magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo; César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional; María del Mar López Álvarez, subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia; Ainara Dorremochea, subdirectora general de Régimen Jurídico de la Secretaría de Estado de Migraciones; y Patricia Bárcena, adjunta segunda de la Oficina del Defensor del Pueblo.