El jurista Blas Jesús Imbroda ha reflexionado, en un artículo de opinión, sobre las implicaciones jurídicas de la reciente operación militar que culminó con la detención de Nicolás Maduro, sobre quien pesaba desde hacía años una importante recompensa ofrecida por Estados Unidos para su entrega a la justicia estadounidense.
Según explica, las investigaciones desarrolladas por la DEA y otros cuerpos de seguridad, junto con la que presume colaboración del general Hugo Carvajal —exjefe de la contrainteligencia militar durante el chavismo—, han sido determinantes en el procedimiento judicial abierto ante un tribunal de Nueva York. En esa causa se acusa a Maduro de haber organizado y facilitado el tráfico de cocaína desde Venezuela, en asociación con organizaciones como las FARC, el ELN y distintos cárteles de la droga, a través de la estructura conocida como el Cártel de los Soles, integrada por generales y funcionarios venezolanos.
El autor cuestiona, no obstante, la propia naturaleza de la operación empleada para la captura, planteando si era necesario recurrir al despliegue militar de una potencia extranjera para ejecutar una detención, y reclama una reflexión de la comunidad internacional sobre la falta de mecanismos alternativos que permitan hacer cumplir las órdenes judiciales sin necesidad de este tipo de intervenciones.
En su valoración, reconoce que Maduro carecía de legitimidad tras la manipulación de los resultados electorales y que su salida del poder ha supuesto un alivio para buena parte de la población venezolana, sometida durante años a la represión y a una gestión económica calificada de desastrosa. Sin embargo, insiste en que no debe perderse de vista que Maduro es responsable, a su juicio, de crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales, conductas recogidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Imbroda reclama además que la propia CPI examine por qué, después de casi ocho años de tramitación del caso venezolano —abierto en febrero de 2018— y pese a las numerosas pruebas, testimonios e informes internacionales aportados, la Fiscalía no ha solicitado todavía una orden de detención contra Maduro por estos crímenes. A su entender, estos hechos no pueden quedar impunes, y concluye reafirmando su confianza en la Justicia Penal Internacional como instrumento necesario para que los responsables de los crímenes más graves respondan ante los tribunales.
Comentarios recientes