El decano del Colegio de Abogados de Melilla y presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Blas Jesús Imbroda, ha valorado la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, defendiendo que debería ser la Corte Penal Internacional (CPI) quien finalmente lo juzgue por crímenes de lesa humanidad.
Imbroda, uno de los mil abogados en todo el mundo acreditados ante la CPI y expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional entre 2017 y 2019, considera que ha sido un error que este tribunal no haya dictado todavía una orden de detención contra el expresidente venezolano, pese a que el caso de Venezuela se tramita ante la Corte desde febrero de 2018. A su juicio, el retraso es atribuible a la Fiscalía de la CPI, que según sostiene ha dispuesto de años y de numerosas pruebas aportadas por organismos internacionales, la extinta fiscal general de Venezuela y la Organización de Estados Americanos, entre otros, sin haber solicitado hasta ahora medidas contra Maduro ante la Sala de Cuestiones Preliminares.
El jurista melillense enmarca su valoración en el proceso judicial abierto en Estados Unidos, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal federal tras su captura en Caracas, acusados de delitos de narcotráfico y tenencia de armas. Para Imbroda, ambas vías —la detención estadounidense y una eventual orden de la CPI— son procedimientos distintos que no deberían mezclarse, si bien considera cuestionable, desde la óptica del derecho penal internacional, que haya sido necesaria una intervención militar unilateral para capturar a una persona reclamada por la justicia.
En su análisis, el letrado subraya que en Venezuela se ha producido un ataque sistemático contra la población civil bajo el actual régimen, con episodios de detenciones arbitrarias, torturas y persecución política que habrían provocado además desplazamientos masivos de población hacia países vecinos. Imbroda lamenta asimismo que el debate público se haya centrado casi en exclusiva en el papel de Estados Unidos, dejando en un segundo plano la exigencia de responsabilidades por estos hechos.
El jurista reclama además una reflexión más amplia de la comunidad internacional sobre los mecanismos existentes para ejecutar órdenes de detención sin recurrir a operaciones militares, y pone en duda la legitimidad de países como Rusia, Irán o China para cuestionar la detención de Maduro, dado su propio historial en materia de derechos humanos. Considera, en definitiva, que corresponde a la CPI activar el procedimiento ya abierto y solicitar formalmente a la Administración estadounidense la entrega del exmandatario venezolano.
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