Jornada sobre la deontología en la abogacía el próximo 5 de julio

El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha programado una nueva sesión de aprendizaje para sus miembros, en esta ocasión relacionada con la odontología de la abogacía. La sesión se llevará a cabo el próximo 5 de julio en el auditorio del colegio y contará con la participación de dos destacados ponentes.

Los expertos invitados son Fernando Candela Martínez, presidente de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Abogacía Española y decano del colegio de Alicante, y Leandro Cabrera Mercado, miembro de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Abogacía Española y decano del colegio de Granada.

Durante la jornada, ambos ponentes abordarán los «deberes éticos en el ejercicio de la abogacía: infracciones éticas de los abogados y sus implicaciones legales».

Todos los participantes debidamente inscritos recibirán un certificado de asistencia y formación, y se espera la asistencia obligatoria de todos los abogados del turno de oficio de Melilla.

Concentración

Por otro lado, es importante destacar que los abogados de Melilla están convocados a participar en una concentración este miércoles al mediodía en las Torres V Centenario, con el objetivo de exigir un «pacto de Estado por la Justicia» que permita reactivar de inmediato el servicio público con medidas urgentes para resolver los inaceptables retrasos acumulados en los juzgados.

El colegio considera que la situación por la que atraviesa el servicio es «insostenible», habiendo estado paralizado durante meses debido a sucesivas huelgas, sin un cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución desde marzo pasado.

Por tanto, esta institución defiende un acuerdo entre todas las fuerzas políticas después de las elecciones del 23 de julio, con el objetivo de crear un servicio público efectivo y de calidad. En otras palabras, se espera que sea una «legislatura de la Justicia» que cumpla con las principales demandas de la profesión.

Las medidas propuestas incluyen una gobernanza inclusiva, más recursos humanos y materiales, una organización más racionalizada, la ejecución de resoluciones, expedientes electrónicos, acceso universal, conciliación y la regulación del derecho de defensa e instrucción por parte del Ministerio Fiscal.