Córdoba acogerá en noviembre las XXXIII Jornadas de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía

El Consejo General de la Abogacía Española celebrará los días 27 y 28 de noviembre en Córdoba la trigésimo tercera edición de las Jornadas de Extranjería y Protección Internacional, un encuentro de referencia para los profesionales del Derecho especializados en esta materia, con el objetivo de reforzar la defensa y protección de las personas migrantes.

El encuentro, que tendrá como sede el Parador de Córdoba, se celebrará bajo el lema «Migración y derechos humanos: por la tolerancia y la paz», un título que cobra especial significado en el actual contexto internacional, marcado por conflictos armados y numerosas vulneraciones de derechos humanos en distintas partes del mundo. La elección de Córdoba como ciudad anfitriona no es casual: su condición de símbolo histórico de convivencia entre culturas la convierte en un escenario propicio para un espacio de reflexión centrado en el entendimiento y la cohesión social.

La inauguración, prevista para el jueves 27 a las 9:30 horas, contará con la participación de Encarnación Orduna, secretaria general de la Abogacía Española; José Carlos Arias López, decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba; José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía; Federico Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados; y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española.

A lo largo de las dos jornadas, los ponentes y asistentes analizarán cuestiones de gran actualidad para la práctica jurídica en esta área: las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea, las consecuencias derivadas de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, la situación de los familiares de personas con nacionalidad española y el arraigo, además de temas como los jóvenes ex tutelados y la violencia de género. El encuentro busca, en definitiva, mejorar tanto la labor de defensa que desarrolla la abogacía como la actuación de las instituciones implicadas en la garantía del derecho de defensa de las personas migrantes.