Blas Jesús Imbroda: «La amnistía debería ser impensable en una democracia plena como la nuestra»

Blas Jesús Imbroda nació en Melilla y es abogado ejerciente desde el 24 de julio de 1981 en los Ilustres Colegios de Abogados de Málaga, Madrid y Melilla, este último del que fue elegido Decano, por primera vez en marzo de 2001 y continuando en la actualidad, labor que compagina como consejero del Consejo General de la Abogacía Española. Doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, Imbroda se especializa en Justicia Constitucional y tutela Jurisdiccional de los derechos por la Universidad de Pisa (Italia). Fue, además, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional en los años 2017 a 2019.y es profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Granada en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla.

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, el veterano letrado fue distinguido con la Cruz de la 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia de España

Es muy grave lo que ha pasado y está pasando en la Justicia. En una democracia es imprescindible el fortalecimiento y el respeto del Estado de Derecho y generar seguridad jurídica y esto no es precisamente lo que se ha hecho en estos últimos años en los que continuamente se ha insultado a los jueces desde altos cargos del estado, despreciando su trabajo. Se ha impedido el nombramiento de las vacantes en el Supremo y en otros tribunales, haciendo sumamente difícil su trabajo. No se han escuchado las reivindicaciones de los jueces ni de los demás funcionarios de la Administración de Justicia. Tampoco se ha tratado bien a la Abogacía ignorando las justas peticiones que se han hecho para el turno de oficio,…

Sería posible, pero muy extenso, revisar todas las leyes que se han dictado y que están provocando situaciones lamentables, como la excarcelación de violadores. El Ministerio de Justicia no debería dedicar su tiempo a hacer política y sí a ocuparse de los problemas de la Justicia, que son muchos.

Los jueces son independientes, no tengo duda. Aunque es cierto que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial genera una imagen no favorable para ellos, los jueces, en su trabajo diario, actúan con independencia. Pueden tener mejor o peor criterio porque son personas con sus aciertos y errores pero para eso se concibió el sistema de recursos, para poder revisar los criterios aplicados a cada caso en diferentes instancias.

Es una barbaridad porque debilita el Estado de Derecho. Siendo perfectamente legítimo cuestionar o criticar una decisión judicial, no lo debe ser insultar y despreciar a la Justicia, ni señalar al juez que la dicta. Las políticas de hostigamiento y menosprecio a la Justicia y de presión a los jueces, son propias de regímenes dictatoriales. Hay múltiples ejemplos en el mundo, uno de ellos el régimen bolivariano de Venezuela, del que increíblemente, bebe un cierto sector de la política española.

La figura de la amnistía existe para liberar a los presos políticos perseguidos por regímenes dictatoriales, cuando se consigue la democracia. Procederá, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en otros, cuando se libere al pueblo de la tiranía. En España debería ser impensable porque disfrutamos de una democracia plena y, por supuesto, tenemos un Estado Derecho que nos lo permite y que hay que respetar, siempre, proteger y fortalecer.

Cuestión distinta y muy preocupante, es la del Tribunal Constitucional, que si bien no es estrictamente Poder Judicial, toma decisiones sobre cuestiones tremendamente relevantes, cuando algunos de sus miembros son personas que han salido directamente del Ejecutivo. Creo que el sistema de elección de los magistrados del TC debería replantearse a fin de evitar el esperpento.

Lo que quiere la Abogacía no difiere de lo que quieren y necesitan los ciudadanos. Esto es, que la Justicia funcione y proporcione respuestas con celeridad y eficacia. La tutela judicial tiene que ser efectiva, si no es un fracaso y lo es, por ejemplo, cuando los procedimientos se eternizan. Hace falta la creación de nuevos juzgados, más personal, más jueces. Que se agilicen los procedimientos judiciales, por supuesto, sin menoscabo del derecho de defensa. Que se ejecuten las resoluciones judiciales, y entre otros, sean efectivos los procedimientos de apremio en un menor plazo de tiempo. Por cierto, en esto se podría aprender de la efectividad de la Agencia Tributaria.

La Abogacía ha solicitado que haya un pacto de estado por la Justicia. No se nos ha hecho, a día de hoy, el menor caso. Es absolutamente necesario que los partidos políticos dejen al margen la política y se sienten pensando exclusivamente en los ciudadanos y en las necesidades que tiene la Justicia, que son muchas. Desde las instituciones de la Abogacía se han hecho muchas propuestas que deben ser atendidas. También desde el Consejo se ha instado, constantemente, la revisión y actualización de las indemnizaciones del turno de oficio que, por cierto, son exiguas.