El Consejo General de la Abogacía Española ha reivindicado su papel como garante de la seguridad jurídica en el proceso de regularización extraordinaria que se prepara en materia de extranjería, defendiendo la necesidad de contar con profesionales cualificados, sometidos a normas deontológicas, que acompañen a los ciudadanos afectados. Así lo trasladó la institución a representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una reunión celebrada en la sede de la Abogacía Española.
Durante el encuentro, ambos ministerios y la institución colegial coincidieron en subrayar la importancia de la formación especializada y el respeto a los principios deontológicos como garantía para la defensa de los derechos de los ciudadanos en este proceso. Fruto de esta colaboración, se prevé la organización conjunta de jornadas informativas, mesas redondas y campañas de divulgación dirigidas a la ciudadanía, cuya primera cita estaba prevista para el mes de abril, dando inicio a una serie de acciones coordinadas a lo largo de los meses siguientes.
La reunión estuvo presidida por la vicepresidenta de la Abogacía Española, Cristina Vallejo, acompañada por el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General, Blas Jesús Imbroda, y por el secretario general técnico de la institución, Borja Vargues. Por parte del Ministerio de Inclusión asistieron Santiago Yerga, director general de la Gestión Migratoria; Aitor Juara, director del Gabinete de la ministra; y Eva Martínez Montero, directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones, mientras que el Ministerio de Justicia estuvo representado por Samuel Meilán, asesor de su Gabinete. El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, se incorporó al cierre del encuentro para conocer sus principales conclusiones.
González subrayó que, tratándose de una regulación que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, resulta fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado que garantice una correcta interpretación de la normativa, evite situaciones de indefensión y refuerce la confianza ciudadana en las instituciones. En la misma línea, Vallejo destacó que la participación de la abogacía protege a la ciudadanía frente al intrusismo y las prácticas engañosas que pueden proliferar en procesos de este tipo.
Por su parte, Imbroda hizo un llamamiento a las administraciones públicas para que respeten y garanticen la participación efectiva de los profesionales de la abogacía en el desarrollo del proceso, reforzando los mecanismos de asistencia jurídica dirigidos especialmente a los colectivos más vulnerables y combatiendo de forma activa cualquier práctica que se aparte del marco legal.
El presidente de la Abogacía Española concluyó recordando que la regularización extraordinaria debe asentarse sobre principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales, subrayando que la participación de la abogacía en este proceso no es solo conveniente, sino imprescindible para garantizar esas condiciones.
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